Hace unos cuantos días, la prensa toda del país recibía gustosa la corrección de una bárbara norma. Así, la Asamblea modificaba esa insensatez de que la información era un servicio público y no un derecho, tal como lo sostenía el gobierno anterior, simplemente por conveniencia  política y control.

El correctivo es oportuno, justo y cierto, pero no es el único que debe hacerse en ese sentido. Por ello hoy le preguntamos a la Asamblea: ¿Y la educación?, pues con idéntica argumentación que a la prensa, se decidió que aquella tan solo era un servicio público a brindar desde las manos todopoderosas del Estado.

En la Declaratoria Universal de los Derechos Humanos, primero, y luego en la Declaración de los Derechos del Niño; la ONU se ha encargado de precisar que la educación es un derecho y que los Estados deben velar por su vivencia y permanencia. Por eso, vale la pena preguntar al presidente Candell, de la Comisión de Educación de la Asamblea, ¿Cuándo hacemos esa urgente y necesaria corrección?.

Confundir los derechos con los servicios públicos o privados que se generen para su satisfacción, más que un error es una grotesca manipulación política a la que se echó mano a fin de ejercer sobre todo el sistema educativo el poder del Estado.

Se vuelve imperativo pues, que así como la Asamblea nacional corrigió lo relacionado al derecho a la información, vuelva sus ojos a lo educativo y realice ese correctivo vital para esclarecer y darle sentido a la normativa que estructure el sistema nacional de educación.

Así, las gestiones y los roles de cada uno de los actores intervinientes en el proceso quedarán claras y definidas dentro del marco de respeto, garantías y mandatos que la normativa debe proveer.

El Estado necesita descubrir su nuevo rol en cuanto a lo educativo se trata; y comprender por lo tanto, que su gestión de rector no es dictatorial, en especial en áreas tan cambiantes como la ciencia y la pedagogía.

Su condición de prestador  de servicios educativos debe coexistir con el respeto y la autonomía requeridos para la subsistencia  del derecho.

Dr. Abelardo García Calderón